Poco antes de que el Ministerio de Justicia anunciara la reestructuración del Servicio Nacional de Menores (Sename), la Comisión de Constitución analizaba junto al director de esa entidad, Eugenio San Martín, el funcionamiento del sistema que ha sufrido duras críticas por el caso del menor de 10 años conocido como el "Cisarro" que a su corta edad cuenta con un nutrido prontuario.
Y si bien se desconocía formalmente los alcances de esta nueva estructura, los senadores Soledad Alvear y José Antonio Gómez -ambos integrantes de la citada instancia- respaldaban la idea de separar las funciones propias de la protección de los menores de 14 años, de las materias vinculadas a la infracción de la ley de responsabilidad penal juvenil.
"Se requiere una ley que divida la función del Sename entre los jóvenes infractores de la ley y los niños que están vulnerados en sus derechos. Se requiere una adecuada coordinación entre las distintas instituciones especialmente en los municipios, porque lo que debemos buscar sobre todo tratándose de instituciones a cargo de niños, es prevenir la comisión de los delitos", explicó la senadora Alvear.
La parlamentaria agregó que los menores en situación de alta vulnerabilidad representan el 0,5%, por lo que si se hace una intervención temprana con esos niños "vamos a evitar que se cometan los delitos y en ese sentido es fundamental trabajar en esa dirección".
Junto con ello, destacó que es fundamental que se cuente con los recursos necesarios para implementar este nuevo sistema y advirtió que se requiere modificar la ley de responsabilidad penal adolescente para corregir algunos vacíos.
TRATAMIENTO POR DROGAS
En tal sentido, la senadora Alvear señaló que muchos de los jóvenes deben ser derivados a tratamientos de drogas, pero ello no ocurre pues los jueces han tomado aquella medida como una sanción adicional, por lo que no derivan a los menores a estos centros.
Agregó que en esa línea también "se requiere avanzar en los tribunales de drogas, que permiten que un joven que ha cometido un delito por primera vez bajo el efecto de las drogas se acoja a un tratamiento y si no lo cumple, el juez le da el doble de sanción. Esto se está aplicando en el Bronx y ha tenido excelentes resultados, y aquí se está aplicando en un programa piloto en Santiago y en Valparaíso y debería extenderse al resto del país".
Por su parte, el senador Gómez reconoció que el Sename "tiene un problema estructural, por lo que hay que transformar esta institución en dos: una que sea de protección y otra que se preocupe de los infractores. Fundamentalmente en ese último punto tenemos que trabajar mucho y fuertemente en evitar que estos niños puedan volver a cometer delitos o faltas y trabajar mucho en la prevención. Ese es un camino que el Sename tiene que llevar adelante y para eso se requieren recursos y una nueva institucionalidad".
En su opinión, esto es responsabilidad del Estado, pues es el encargado de "obtener los recursos, presentar los proyectos y transformar las institucionalidades para que se puedan ser entes que nos permitan evitar que los niños entren en el proceso delictual o sacarlos del proceso delictual".
En tal sentido, dijo que "hay necesidad de ponerse a trabajar fuertemente y entiendo que el gobierno está presentando el proyecto de ley que va a producir esta reestructuración que estamos mencionando y debiera acelerarse a consecuencia de estos hechos".
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